(Fuente: Laureano Barrera
y María Eugenia Ludueña / Infojus Noticias)
Los
querellantes y referentes de derechos humanos hicieron su entrada a la sala ex
AMIA para la lectura de la sentencia sobre los crímenes de La Cacha casi como celebridades
de cine. Hubo fuertes aplausos para las llegadas de Estela de Carlotto, Chicha
Mariani, Adelina de Alaye (fundadora de Madres de Plaza de Mayo La Plata ), María Esther Tello,
Rosa Bru (Asociación Miguel Bru), Hugo Cañón (ex fiscal de Bahí Blanca, hoy en la Comisión provincial de la Memoria ), Ramón Baibiene
(hijo de desaparecidos y director de Políticas reparatorias de la secretatría
de DDHH de la provincia de Buenos Aires) y Verónica Bogliano (abogada
querellante de varios HIJOS y familiares).
En la
primera fila, el embajador de Argentina en España, Carlos Bettini, fue de los
primeros en llegar junto a su hermana. El homicidio de su hermano era uno de
los cuatro juzgados con esa misma figura en el juicio que llevó diez meses,
junto a los de Luis Bearzi, Laura Carlotto, Olga Noemía Casado.
Nunca la
sala había estado tan llena de medios ni de público: algunos habían hecho
largas filas para entrar. Desde temprano, muchos jóvenes, organizaciones y
militantes se fueron acercando a la esquina y siguieron la lectura de la
sentencia desde una pantalla montada afuera.
Era la
sentencia de un juicio paradigmático en la ciudad con la tasa más alta de
desaparición por cantidad de habitantes, según un informe de la secretaría de
DDHH de la provincia de Buenos Aires. Por primera vez se había logrado juzgar a
los servicios de Inteligencia del Ejército en La Plata y también el rol
activo del Servicio Penitenciario Bonaerense en un centro clandestino de
detención.
La
presencia de muchos sobrevivientes (María Laura Bretal y Nilda Eloy, entre
tantos), familiares e hijos (los mellizos Reggiardo Tolosa, Julia Bearzi, Julia
Pizá) y familiares se respiraba en el aire. Estaban Lita Boitano, Claudia Carlotto
-en primera fila, no se separó un minuto de su madre-, su hermano Kibo Carlotto
(secretario de DDHH bonaerense) y algunas nietas de Estela. También los
diputados Horacio Pietragalla y Julián Domínguez. El presidente de la Cámara baja lidera el Grupo
San Martín, donde muchos de sus compañeros han declararon en el juicio. También
estuvo la decana de la
Facultad de Periodismo y Comunicación Social, Florencia
Saintout.
Para los
familiares de los represores se había dispuesto, como siempre, un sector en el
primer piso junto al área de prensa. Pero esta vez, a diferencia del día de los
alegatos, fueron muy pocos. La mujer del Oso Acuña escuchó toda la sentencia
ahí, sentada sola y custodiada fuertemente por tres policías.
La
sentencia
La lectura
estaba prevista para las 18 pero empezó casi dos horas tardes por problemas
técnicos. Minutos antes de de las ocho y en un ritual que sigue pareciendo
fuera de época- o de una justicia de otros tiempos- una voz anunció al
auditorio ponerse de pie para la entrada del Tribunal Oral Federal N°1: Carlos
Rozanski (presidente), Pablo Jantus y Vega. Cuando Carlos Rozanski pidió que
entraran los imputados -había doce sillas dispuestas en el “corralito”-, la
tensión acumulada en 38 años de espera estalló. “Como a los nazis/les va a
pasar/adonde vayan los iremos a buscar”, cantaba el auditorio a pleno mientas
once represores entraron custodiados por 8 penitenciarios con chalecos
antibalas y escudos antidisturbios y un médico. Todos ellos se mantuvieron en
riguroso alerta el resto de la audiencia.
El primero
de ellos en entrar, el Oso Acuña, atinó a hacer sus habituales gestos al
público. El último en sentarse fue Miguel Etchecolatz, exjefe de
investigaciones de la policía provincial, entró con una sonrisa desafiante.
Rosanski advirtió que si el auditorio no mantenía las formas, la sala sería
desalojada y la sentencia, leída sin público. “Los fundamentos del fallo se
leerán el 19 diciembre, a las 18hs”, anunció.
La lectura
del veredicto a los 20 imputados abrió con la condena a Etchecolatz. El público
celebró con fuertes aplausos y cánticos. Etchecolatz no se inmutó. Tampoco sus
compañeros de banquillo, por lo menos, mientras las quince prisiones perpetuas
fueron cayendo, una por una, como martillazos.
Se fundaron
en las figuras penales de privación ilegítima de la libertad y tormentos
triplemente agravada –por haber sido cometidos por funcionarios públicos, por
haberse cometido con violencia o amenazas y haber durado más de un mes-, sumado
a los homicidios calificados de Laura Carlotto y Olga Noemí Casado, y los de
Bearzi y Bettini.
Los 15
condenados a prisión perpetua fueron, además de Etchecolatz, los integrantes
del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército Emilio Herrero Anzorena,
Gustavo “El Francés” Cacivio, Roberto Armando Balmaceda, Miguel Ángel
Amigo, Anselmo Palavezzati, Carlos
Romero Pavón, Ricardo Fernández, Jorge Di Pasquale y Carlos Del Señor Hidalgo
Garzón. También el ex jefe de Inteligencia del Servicio Penitenciario Bonaerense,
Isaac Crespín Miranda y el ex agente penitenciario Raúl " Oso" Acuña,
“quienes intervinieron en la matanza de un grupo y la lesión grave de la
integridad física y mental de los miembros del grupo, y en el sometimiento
intencional del grupo a condiciones de existencia que han acarreado su
destrucción física total y parcial" en calidad de autores, según leyó el
presidente del Tribunal Carlos Rozanski.
Las penas
menores
Los montos
de penas menores –con la disidencia de Carlos Rozanski- fueron para los agentes
civiles del Destacamento 101 Rufino Batalla, Raúl Ricardo Espinoza, Claudio
Raúl Grande y para el marino Juan Carlos Herzberg. Los consideraron “partícipes
secundarios” y no “autores” de los crímenes, Al final, fue absuelto Luis
Orlando Perea, a quien el Ministerio Público Fiscal había desistido de acusar.
El abucheo y los silbidos colmaron la sala Amia.
Quedó fuera
de la sentencia Eduardo Gargano, porque al momento de los alegatos su abogado
defensor presentó un examen médico hecho un hospital público –coincidente con
el de los forense de la Corte-
que dice que el policía bonaerense padece una enfermedad degenerativa y no está
en condiciones de comprender la sentencia en su contra.
Sin
jubilaciones y con sitios de memoria
La
sentencia tuvo aspectos novedosos. Decretó por unanimidad que cuando esté firme
el fallo “se dé inicio al proceso de baja por exoneración de los condenados, y
a la suspensión de toda jubilación, pensión o retiro”. Fue unánime también el
pedido de los jueces a los poderes ejecutivos Nacional y de la provincia de
Buenos Aires “a fin de que adopten las medidas necesarias para que se
desafecten” los inmuebles donde funcionaron el Destacamento 101 y La Cacha –que aún permanece en
manos del Servicio Penitenciario- y “sean destinados como sitio de Memoria”.
Por último, pidió que se abra una investigación por el agente penitenciario
Lucas Miguel Gordillo, visto en el centro clandestino de detención por una
testigo durante el juicio.
Apenas
terminó la lectura, que duró una hora y diez minutos, Estela se abrazó fuerte
con sus hijos Claudia y Kibo. El mismo gesto se repitió acá y allá en la sala.
Muchos de los hijos de los desaparecidos en La Cacha se deshacían en llanto como nunca antes.
Los cánticos sobre los nazis y la tenacidad con la que buscarán sus condenas se
hacían más fuertes. Ellos se fueron retirando sin mirar a sus espaldas, a
excepción de dos de los reos que habían sido agentes penitenciarios: Isaac
Crespín Miranda y Héctor “el Oso” Acuña. El “Oso” estaba fuera de sí y quería
saltar sobre el público. El grito fue unánime, ensordecedor:
“¡Asesinos-asesinos!”.
Al Oso
tuvieron que reducirlo como a un animal desbocado más de cinco guardias
federales. Lo arrearon cuerpo a cuerpo. Les pegaba para que lo soltaran. Miguel
Osvaldo Etchecolatz quiso dirigirse hacia el Tribunal –aunque no se lo
permitieron- para entregarle un trozo de papel que había apretado junto a su
rodilla durante toda la lectura. El fotógrafo de Infojus Noticias captó con su
lente lo que decía el papel: Jorge Julio López.
37 años
para llevarlos al banquillo
Afuera, en
la antesala, se palpaba que la sentencia había dejado un sabor de conformidad
general, con alguna mueca de incertidumbre por la absolución de Luis Orlando
Perea, las condenas leves a los agentes civiles de inteligencia –doce y trece
años- y por las prisiones domiciliarias que no fueron revocadas: Miguel Ángel
Amigo, Ricardo Armando Fernández, Juan Carlos Herzberg y Eduardo Gragano.
Colleen Torre y Emanuel Lovelli, querellantes de Abuelas de Plaza de Mayo,
dijeron a Infojus Noticias: “No estábamos de acuerdo con la absolución, porque
cumplió un rol, sabía lo que estaba sucediendo en La Cacha aunque no haya estado
ahí. Estamos contentos con las perpetuas pero no con las penas leves a los
guardias que tuvieron un rol activo, no eran partícipes secundarios”.
“Creemos
que se ha hecho justicia pero necesitamos más justicia”, dijo la abogada
Verónica Bogliano, en su rol múltiple de abogada querellante, hija de dos
padres -María Susana Leiva y Adrián Bogliano- que pasaron 42 dos días en La Cacha y testigo, en el hall
de entrada a la ex Amia.
“Las
perpetuas están muy bien, es lo que corresponde, porque son atrocidades las que
han cometido, sobre un montón de víctimas. Hay algunas penas que han sido
menos. No nos sorprende. No consideramos que sean partícipes secundarios, son
tan autores como los otros, porque además fueron reconocidos por muchísimos
testigos en el centro clandestino de detención, entonces vamos a apelar”, dijo.
Y agregó, la abogada que comenzó su militancia en la década del ’90, en la
agrupación HIJOS: “Nada nos fue gratis nunca en la vida. Para poder llegar acá
tuvimos que pasar 37 años, tuvimos que anular leyes de obediencia Debida y
Punto Final, tuvimos que hacer marchas interminables, marchas contra el indulto
y todo eso, no nos paró. Ahora vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar
porque si lo que cometieron fue el secuestro, la tortura y el asesinato de
cientos, se merecen perpetua y que se los condene por desaparición forzada de
personas”.
Matías
Moreno, director de Formación de la Secretaría de DDHH de la Nación también estaba feliz
después de una jornada que había empezado temprano con las señalizaciones de La Cacha y del Destacamento
101. “Estamos muy conformes con las 15 perpetuas. Con sacarles las pensiones y
jubilaciones. Las penas bajas o que no se hayan revocado las domiciliarias
hablan del hecho de que todavía falta mucho por hacer. Pasaron casi 40 años
para llevarlos al banquillo. Siempre hay algo a mejorar”, dijo.
Afuera,
había un clima de festivo. Los abrazos se multiplicaron, interminables, entre
las víctimas, los abogados, los militantes y familiares que habían llegado para
asistir a un día histórico. En la esquina, seguían los bombos y había montado
dos escenarios: uno en la esquina, donde estaba la militancia de izquierda, y
treinta metros más abajo, por la calle 4, el de las agrupaciones kirchneristas
como La Cámpora. A
primera hora del día había habido alguna escaramuza por la esquina, pero en
aquél momento todos hacían sonar sus bombos y flamear sus banderas por la
condena. Al escenario subió María Laura Bretal, una de las detenidas
desparecidas en La Cacha ,
que advirtió sobre el pedido desestimado por el Tribunal de juzgar a los
delitos sexuales como figuras autónomas, separadas de los tormentos, y de
algunos prófugos en la causa, como el PCI Aníbal Gauto. Al final un cántico:
“el Oso está en la cueva, chirivín, chirivín, chunchán. El oso están en la
cueva y ya no volverá, se va para Marcos Paz”.
Después de
diez meses, era la noche de los aplausos y las sonrisas de alivio, de la
alegría por un feliz que nadie podría llamar feliz pero sí el gran final
posible: una noche luminosa de Justicia sobre la casa del terror.
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