(Fuente: Ailín
Bullentini / Página 12)
El Tribunal
Oral Federal Nº 1 de La Plata
condenó a prisión perpetua a 15 de los 21 imputados por los delitos de lesa
humanidad cometidos contra más de 100 hombres y mujeres en el centro
clandestino de tortura y exterminio conocido como La Cacha durante la última
dictadura cívico-militar argentina. La sentencia incluyó condenas de 13 y 12
años de cárcel para tres civiles y un marino que participaron de la
cotidianidad de aquel centro de detención ilegal que funcionó entre 1976 y 1978
en la localidad platense de Olmos, en la provincia de Buenos Aires, y la
absolución de un militar. Entre los condenados a perpetua están Jaime Smart,
quien fuera ministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura, y Miguel
Etchecolatz, ex director de Investigaciones de la policía provincial. Si bien
la recepción de la condena entre el público que colmó la sala Amia de los Tribunales
platenses –sobrevivientes y familiares de víctimas, pero también militantes de
organizaciones defensoras de los derechos humanos y de izquierda– fue buena, el
abucheo ante la absolución fue total.
Para los
sobrevivientes del infierno de La
Cacha y los familiares de las víctimas que no lograron salir
con vida de allí, la Justicia
llegó 37 años tarde. Para ellos y el resto del público que colmó la sala ayer,
tardó dos horas más de lo pautado: recién a las 20 el presidente del TOF 1,
Carlos Rozanski, ocupó su asiento y llamó a los acusados a que ocuparan sus
sillas. “Asesinos”, los recibió el público. “Como a los nazis les va a pasar”,
les dedicó. Uno de ellos se ofendió: “Váyanse a la puta que los parió”, gritó.
El resto, solo miró con desdén.
Ninguno de
los acusados reaccionó ante las condenas. Por genocidio, por privaciones
ilegítimas de la libertad y tormentos, los jueces condenaron a prisión perpetua
a casi todos los militares que integraron el Destacamento de Inteligencia 101:
Carlos del Señor Hidalgo Garzón, Jorge Di Pascuale, Gustavo Cacivio, Ricardo
Fernández, Miguel Angel Amigo, Roberto Balmaceda, Emilio Herrero Anzorena,
Carlos Romero Pavón y Anselmo Palavezzati. Luis Perea, por fallo voto
mayoritario de los jueces Pablo Jantus y Pablo Vega, fue absuelto. Los tres
civiles miembros del destacamento, Raúl Ricardo Espinoza, Claudio Raúl Grande y
Rufino Batalla, recibieron 13 años de prisión por ser considerados partícipes
necesarios y no coautores de los mismos delitos. Lo mismo ocurrió con el marino
Juan Carlos Herzberg, quien recibió 12 años de cárcel. Prisión perpetua también
recibieron Héctor “Oso” Acuña, uno de los más feroces torturadores de La Cacha , e Isaac Miranda, los
únicos dos penitenciarios sometidos a este juicio.
Los
cálculos no son específicos, porque todo es a fuerza de reconstrucción
permanente, pero permiten una idea: 200 personas, más o menos, pasaron horas,
algunos días o meses encerradas en el edificio central de La Cacha , una estructura no muy
grande de dos pisos y sótano. Engrilletadas. Encapuchadas. Algunas, como las
embarazadas, reunidas en una zona igual, las “cuevitas”. La mayoría, mezclada:
estudiantes secundarios, jóvenes militantes universitarios, obreros recientes y
experimentados, sus mujeres. Sus padres e incluso meros conocidos. Las torturas
sucedían en una estructura separada de la principal, pero lo suficientemente
contigua como para que los prisioneros oyeran los gritos de los castigados con
golpes o picana, insultados, amenazados, violados. La Cacha dejó de funcionar como
centro clandestino en 1978. Unos años después, funcionarios de la aún viva
dictadura ordenaron la demolición. De aquellas más o menos 200 víctimas, sólo
un tercio logró salir con vida de La Cacha. De aquellos, más o menos 200 casos, 135
integraron el juicio que ayer culminó su etapa formal.
Pero el
juicio también integró el análisis de la muerte de Marcelo Bettini y Luis
Bearzi, por quienes sólo fueron imputados y condenados Etchecolatz y otros tres
policías bonaerenses, Eduardo Gargano, Horacio Elizardo Luján y Julio César
Garachico. El Tribunal los sentenció a prisión perpetua. “Fueron más de 30 años
de esperar este momento de Justicia. No repara por completo, pero es un buen
final para contarle a mi mamá, que siempre esperó por esto”, evaluó emocionado
Carlos Bettini, embajador argentino en España. Además del homicidio, la familia
Bettini –asistieron a la sentencia su hermana y sus sobrinas– también obtuvo
justicia por el secuestro del padre del grupo, Antonio Bettini, y la abuela
Mercedes Hourquebie. A Smart, la perpetua le correspondió por todos los
delitos.
“Esto no es
una alegría, pero es un gran paso de la Justicia. Por fin
esta gente estará donde siempre debió, la cárcel.” Estela de Carlotto abandonó
la sala con una sonrisa, después de pegar los tres gritos de ¡presente! Por los
30 mil desaparecidos. La muerte de su hija, Laura Carlotto, así como la de Olga
Casado, no fueron tenidas en cuenta como homicidios en el fallo, sino como
agravantes de los secuestros, y se les atribuyó a los miembros del 101, a los penitenciarios y
a Smart. Pese a eso, y a que el tribunal no se expresó por los casos de bebés
nacidos y apropiados en La Cacha ,
ni por el pedido para que se investigue a Fernández específicamente por uno de
los casos, el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, Emanuel Lovelli, se mostró
conforme con el fallo.
“Este
juicio ha terminado”, soltó casi dos horas después de haber iniciado la lectura
Rozanski y, entonces, el público puso su sello. Como al principio, pero más
fuerte y ruidoso: “Asesinos”, les enrostraron a los culpables, que entonces sí
mostraron su cara, aún manchada de odio. Al Oso Acuña se lo tuvieron que llevar
entre siete ex colegas. Entre las butacas, Carlotto se abrazó con sus hijos,
Claudia y Guido. La sobreviviente y militante Nilda Eloy, firme en las primeras
filas como lo estuvo desde la primera audiencia, lloró de emoción.
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